El Casco Antiguo, una verdad distorsionada: Angelo Peregrina
ANGELO PEREGRINA
opinion@prensa.com
01/03/2014 - En las sociedades con alto bagaje cultural no es difícil concebir el precepto de identidad, que se origina del apego a lo propio y al principio del sentimiento de Nación. Estos comportamientos enaltecen la evolución y transformación de las ciudades y sus habitantes. Es triste, pero Panamá está lejos de emular tales acciones, aunque con justo reconocimiento contamos con más de siete sitios en la lista de Patrimonio Mundialde la Unesco desde 1980.
Fue el general Omar Torrijos quien definió, mediante Ley 91 del 22 de diciembre de 1976, la regulación de todos los conjuntos monumentales e históricos, al igual que la Ley 14 del 5 de mayo de 1982, que dicta medidas sobre custodia, conservación y administración del patrimonio histórico de la Nación. De igual manera, se crearon para esas fechas las dependencias que regirían los destinos de los sitios monumentales, como la Dirección de Patrimonio Histórico, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Cultura.
En ese proceso de integración a la Unesco, Panamá, a través de grupos organizados, entre ellos profesionales de la arquitectura, diseño, gestores culturales y gente interesada en el tema, se propuso la inscripción de San Felipe y la Sala Capitular, esta última fue la verdadera razón por la que se nos dio esa designación.
Una vez instituida como patrimonio de la humanidad, se hicieron diversos foros y jornadas, con el apoyo del Gobierno español, para dar forma al nuevo plan que regiría los destinos del Distrito Histórico de San Felipe y Santa Ana. Se establecieron planes para los siguientes años, como la apertura de la Oficina del Casco Antiguo, adscrita al Inac, cuya tarea es hacer cumplir las normas del Plan Maestro, además de crear y generar ideas que ayuden a divulgar los valores excepcionales por los que se nos confirió, el 7 de diciembre de 1997, la distinción de patrimonio mundial.
La dinámica de esta oficina no siempre responde a esos lineamientos. En 2009, el BID le entregó $1.5 millón que debía destinarse a la creación de programas e ideas brillantes para el Casco Antiguo, sin embargo, el presupuesto no se ejecutó por falta de seriedad y poca comunicación, y los seleccionados para esa tarea se quedaron sin posibilidad de desarrollarla. Hay que reconocer que la oficina recuperó parte del espacio público, pero lo entregó a gente que nada tiene que ver con la producción de artesanías nacionales, sino a revendedores extranjeros, que demeritan a los artesanos locales, con comportamientos extraños y ofreciendo productos y servicios de dudosa procedencia.
Los encargados de preservar nuestro patrimonio se muestran apáticos o responden al servilismo, a causa de esa acción inmoral de compra de conciencias. Los pocos intelectuales y defensores del Casco Antiguo, que antes eran defensores acérrimos de su conservación, hoy son simples peones al servicio de las grandes constructoras y del oficialismo.
La recuperación de urbes históricas como San Felipe y Santa Ana va más allá de instalar adoquines o de soterrar cables, se debe preservar todo vestigio que nos una al pasado. Esto incluye edificaciones religiosas como la Catedral Metropolitana, cuyas estructuras muestran un franco proceso de desintegración, por la mala gestión de las autoridades respectivas y, también, por la poca integración de su gente en programas de autogestión y participación a todos los niveles. Claro está, con un debido plan de trabajo social y respeto a la dignidad de los auténticos habitantes del área.
De nada sirven los cambios, si con ellos irrespetamos las condiciones que hicieron posible a la nueva Panamá. Por ejemplo, su cercanía al mar que –tal como lo afirmara Carlos V– era una gran ventaja para el intercambio comercial entre oriente y occidente. Hoy se ha cercenado ese acceso, por una gran muralla denominada cinta costera, fase 3, que resta al principio de cabotaje practicado en sus costas, por propios y extraños de la época.
No, señor Presidente, la recuperación del centro histórico no es una gestión impulsada por su gobierno, se inició hace más de tres lustros y se consolidó ese diciembre de 1997. A eso hay que sumarle las diversas intervenciones al patrimonio edificado, como la Casa Góngora (obra excelsa de arquitectura colonial bajo la gestión de la hoy gobernadora Mayín Correa); la restauración del Teatro Nacional y de la Iglesia San Felipe Neri (bajo el gobierno de Mireya Moscoso); el antiguo Colegio Bolívar, hoy cancillería de la República, con su Sala Capitular del Congreso Anfictiónico de 1826, y el Palacio de Gobierno (administración de Ernesto Pérez Balladares). Fue bajo ese mandato que se dieron los programas de inversión, con grandes beneficios, para aquellos que incursionaran en la restauración de inmuebles, en los que se abrieron cafés, restaurantes, tiendas y curiosidades en San Felipe y Santa Ana.
De igual manera, se estableció la dinámica del Plan Maestro, como materia de Estado, con lo que se logró que cada gobierno aportara a la recuperación del majestuoso Conjunto Monumental, pues consta en los diversos convenios establecidos a través de Unesco y de organizaciones como Icomos Panamá y la referida Carta de Venecia 1965.
Reconocer méritos es honrar a quienes, de una manera u otra ayudan a preservar nuestra memoria histórica, sobre todo a devolverle a cada ciudadano un retazo del pasado. Hagamos de estos hechos un punto de referencia, para aquellos que nos preceden no se pierdan en el oscuro pasaje de la ignorancia y la incomprensión.
